La Directiva de Diligencia Debida
El pasado 24 de abril, el Parlamento Europeo aprobó la Directiva sobre diligencia debida de las empresas en materia de sostenibilidad (de ahora en adelante, CSDDD), marcando un hito en la regulación de las prácticas empresariales en la Unión Europea y que refuerza el compromiso europeo con la sostenibilidad empresarial y los derechos humanos, consolidando su posición como líder global en este ámbito.
La CSDDD establece requisitos para que las empresas realicen diligencia debida en la identificación y mitigación de impactos adversos en derechos humanos y medioambiente, así como en la elaboración de planes climáticos y se estima que afectará a más de 5.000 empresas, tanto dentro como fuera de la Unión Europea.
¿A qué empresas afectará esta directiva?
Principalmente, a grandes empresas con más de 1.000 empleados y una facturación anual superior a 450 millones de euros. La aplicación será gradual, extendiéndose a empresas más pequeñas en los próximos años. Además, las empresas de terceros países que operen en la UE también estarán sujetas a la normativa, basándose en su facturación.
Las obligaciones impuestas por la CSDDD incluyen contar con una política de diligencia debida, determinar y prevenir impactos negativos en derechos humanos y medioambiente, establecer procedimientos de reclamación, supervisar la eficacia de las medidas, comunicar públicamente sobre diligencia debida y también se exige la adaptación de un plan de transición climática conforme al Acuerdo de París; En cuanto a las sanciones, se establecen multas administrativas y civiles para garantizar el cumplimiento de la normativa, supervisadas por las autoridades correspondientes.
En el contexto español, la implementación de la diligencia debida ha sido un desafío: aunque muchas empresas están comprometidas, aún hay margen de mejora. Por ejemplo, en el IBEX 35, aunque la mayoría realiza procesos de diligencia debida, menos de la mitad informa sobre los impactos en su cadena de suministro.
En conclusión, la CSDDD representa un paso crucial hacia una cultura empresarial más ética y responsable en Europa y las empresas deben prepararse para cumplir con esta directiva y contribuir así a un futuro más sostenible y equitativo.
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