Durante la semana de trabajo, tuvimos la oportunidad de dialogar directamente con el Comité para aclarar las preocupaciones que como sociedad civil hemos identificado, con un enfoque especial en la creciente problemática del suicidio infantil y adolescente en España. El objetivo central de estas reuniones fue proporcionar al Comité la información necesaria porque, en la sesión de diálogo interactivo con el Estado español, programada para enero de 2025, se planteen las preguntas más relevantes y se orienten las recomendaciones para mejorar la implementación de la Convención sobre los Derechos del Niño.

Nuestro Informe, presentado el pasado julio y en el que participamos de manera conjunta Ethikos&Compliance, la Plataforma PDA Bullying y la Red de Derechos de la Infancia, tiene el objetivo de mejorar la protección de la infancia y la adolescencia enfrente el maltrato entre iguales.

En el marco de esta sesión, Estefania Ros Cordón, como representante en Ginebra de este informe, presentó los alarmantes datos sobre el aumento del suicidio en la población infantil y adolescente en España. En Barcelona, por ejemplo, los datos muestran un incremento preocupante: mientras que entre 2020 y 2021 se registraron tres muertes anuales por suicidio en adolescentes de entre 10 y 19 años, el 2022 hubo 26 intentos de suicidio entre niños, niñas y adolescentes de entre 6 y 17 años. Esta realidad ha empeorado desde la pandemia de la COVID-19, afectando principalmente las adolescentes, que presentan una mayor tasa de hospitalizaciones y tentativas de suicidio.

Aun así, subrayamos la carencia de medidas específicas en el informe del Estado español para abordar esta problemática, todo y la obligación establecida en el artículo 24.2.A de la Convención sobre los Derechos del Niño, que exige en los Estados adoptar medidas para reducir la mortalidad infantil, hecho que incluye la prevención del suicidio.

En nuestro informe, destacamos la importancia de reforzar los protocolos de prevención del suicidio, especialmente mediante iniciativas como el Teléfono de Prevención del Suicidio de Barcelona, que el 2023 gestionó unas 4.000 llamadas, incluidos 41 casos de suicidio inminente. También destacamos la relevancia de programas como el Konsulta'm, que atendió 1.100 jóvenes con problemas de salud mental el último año, y el programa GRETA, que ofrece estrategias específicas para la prevención del suicidio y las autolesiones. Por lo tanto, es necesario un enfoque integral que aborde el suicidio no solo como un problema de salud mental, sino también como un fenómeno sistémico, vinculado a factores como la precariedad laboral, la carencia de vivienda digna y las políticas migratorias restrictivas.

En Cataluña existe una gran conciencia de asociacionismo y abordaje comunitario, que es clave en el reto de sostener la salud mental y emocional de la población. Apostar por la formación de este tejido social es esencial, y por eso se necesita un compromiso político y económico concreto y enfocado. En este sentido, el Ayuntamiento de Barcelona ha lanzado una "subvención para la realización de proyectos para mejorar y cuidar la salud de la ciudadanía" que se centra en uno de sus ámbitos en la "Promoción y mejora de la salud mental y del bienestar emocional, sensibilización y lucha contra el estigma en salud mental".

En la sesión interactiva con el Estado español, que se celebrará el enero de 2025, el Comité podrá plantear preguntas adicionales basadas en la información y preocupaciones expresadas durante esta fase pre-sesional. Esta sesión concluirá con la adopción de Observaciones Finales por parte del Comité, donde se destacarán los progresos realizados y se formularán recomendaciones para el futuro.

Nuestro compromiso continúa siendo trabajar activamente para que la protección de la infancia y adolescencia sea una prioridad en la agenda política, con especial énfasis en la prevención del suicidio y el refuerzo de la salud mental de nuestros jóvenes. Os dejamos nuestro informe para que lo podáis descargar.