La mayoría de los lectores sabrán de algún lugar cerca de su residencia donde se lleve a cabo la prostitución. No existe ningún lugar en nuestro país donde la esclavitud y explotación de mujeres no se lleve a cabo de una u otra manera. Es una realidad dura, de la que la mayoría nos disociamos porque consideramos que no podemos hacer nada ni ayudar, pero quizá conocer y mirar con detenimiento nos haga comprender que no solo se trata, por ejemplo, de un simple burdel, sino que nos encontramos ante la forma más denigrante de tratar a un ser humano.

La trata de seres humanos, según el Protocolo de Palermo —elaborado con motivo de la Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional en diciembre del año 2000—, es la captación, transporte, traslado, acogida o recepción de personas mediante la amenaza o uso de la fuerza, coacción, rapto, engaño, abuso de poder o vulnerabilidad de la víctima para explotarla. La explotación puede ser con fines sexuales, de trabajos o servicios forzados, matrimonios obligados o la comisión de actos delictivos.

En España, la trata de seres humanos se tipifica en el Código Penal como un delito castigado con una pena de prisión de cinco a ocho años a la persona que empleando violencia, intimidación, engaño o abusando de una situación de superioridad, necesidad o vulnerabilidad de la víctima la captare, transportase, trasladase, acogiera o recibiera para llevar a cabo:

• Trabajos forzados.
• Explotación sexual.
• Explotación para actividades delictivas.
• Extracción de órganos.
• Matrimonio forzado.

Las víctimas de trata suelen ser en su gran mayoría mujeres y niñas, se calcula que actualmente hay alrededor de cuatro millones y que provienen de países o zonas desfavorecidas o tercermundistas.

En España, el informe de la Fundación Woman’s Week calcula que alrededor de cuarenta y cinco mil mujeres son víctimas de trata, siendo la inmensa mayoría —un 80%— mujeres y niñas de entre quince y veinticinco años.

La explotación de mujeres es una de las formas más crueles de violencia hacia el sexo femenino. Ellas son las más vulnerables porque suelen ser las más afectadas en situaciones de pobreza y desigualdad de género respecto a la educación, formación o ámbito profesional, conociéndose esto como la feminización de la pobreza.

Este concepto se define como aquellas barreras o impedimentos sociales, económicos, culturales y judiciales que generan que las mujeres se encuentren más expuestas a la pobreza y a una peor calidad de vida. Actividades no remuneradas como el cuidado del hogar o trabajo doméstico, el cuidado de los hijos o, en el caso de aquellas que deciden trabajar fuera de sus hogares, la brecha salarial o el techo de cristal con el que se encuentran muchas mujeres favorece este tipo de desigualdades de sexo.

Pese a que cada vez existen más medidas que favorecen la igualdad entre ambos sexos, como los planes de igualdad, las políticas contra la discriminación por razón de sexo o las medidas de igualdad retributiva, aún existe una carencia real de efectividad de estas medidas. Y es que, pese a la cantidad de medidas legislativas de las que se dispone, no son pocas las empresas que hacen caso omiso de tal obligación.

La explotación más frecuente es la que tiene como objetivo la explotación sexual. Y es que, según los últimos datos, en 2021 alrededor de un millón de hombres españoles pagaron por sexo, es decir, un 5% de la población masculina. Además, el informe de INJUVE de 2020 cifró en cerca del 11% los hombres de edades comprendidas entre los quince y veintinueve años que habían pagado por sexo.

Los datos no acaban aquí: alrededor del 0,35% del Producto Interior Bruto —PIB— lo constituye la explotación sexual, según datos del Instituto Nacional de Estadística, y el negocio de la trata mueve más de mil ochocientos millones de euros en nuestro país, según el Observatorio Internacional de Lucha contra la Prostitución.

Los datos de 2021 reportan que seis de cada diez víctimas de trata son captadas y explotadas con fines sexuales. El resto se divide entre la explotación para actividades delictivas —24%—, explotación laboral —8%—, matrimonios forzados —4%— y otro tipo de explotaciones, como la mendicidad.

Otro estudio interesante es el Informe del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado que revela que, durante 2021, tanto el Cuerpo Nacional de Policía como la Guardia Civil liberaron en España a más de mil víctimas de trata y explotación de personas sexuales o laborales.

No obstante, existe un gran número de mujeres y niñas víctimas cuya situación se desconoce: el miedo a las amenazas de sus proxenetas o su situación irregular en España las hace mantenerse en silencio. La realidad es que las víctimas de trata y explotación son protegidas con todas las garantías, deberes y derechos, el objetivo no es devolverlas a su país de origen, sino ayudarlas a reinsertarse en la sociedad y que salgan de esa situación de desamparo.

Respecto al perfil de los proxenetas, suelen ser en su gran mayoría hombres, aunque también existen mujeres dentro del entramado, por lo general en un porcentaje muy residual y con tareas y labores destinadas al control de las explotadas y esclavizadas. Otra de sus funciones principales suele ser la captación. Lo normal es que estén vinculadas sentimental o familiarmente con los hombres criminales que, por su parte, tienen labores de mando y manejan la gestión del centro u organización criminal.

Para acabar con esta situación, el Ministerio de Igualdad ha destinado doscientos diecisiete millones de euros para abolir la prostitución en nuestro país. El objetivo marcado ya tiene fecha: 2026 como fin de la prostitución en España y se moverá por tres vías distintas:

1. Plan Camino, que busca alternativas laborales, económicas y sociales a las víctimas de trata y explotación sexual que se prostituyen en nuestro país.
2. Plan de Inserción sociolaboral. Aporta subvenciones a entidades y organismos que apoyen a mujeres retenidas por la trata o la explotación sexual para que encuentren un empleo.
3. Un estudio exhaustivo y detallado de las trabajadoras sexuales que hay en nuestro país.

A este proyecto se suma el Plan Estratégico Nacional contra la Trata y la Explotación de Seres Humanos, que establece los objetivos y líneas de trabajo que durante los años 2021 a 2023 deben llevarse a cabo tanto el sector público como el privado para abordar de manera integral este delito, atendiendo además al apoyo y protección de las víctimas.

El objetivo final de este plan es prevenir y perseguir la trata e impulsar acciones y medidas que lo permitan, así, existe una cooperación entre instituciones y organismos públicos con entidades privadas. Este objetivo se llevará a cabo mediante:

• Sensibilización de la ciudadanía, que toma consciencia de la problemática y puede identificar y detectar posibles situaciones de trata y explotación.
• Protección y asistencia a las víctimas de trata, darles un soporte multidisciplinar e íntegro atendiendo a todas sus necesidades, en especial dotándolas de mecanismos de protección, como un nuevo hogar, o ayudándolas a reinsertarse en la sociedad con un nuevo empleo.
• Persecución de la trata y la explotación. Debe existir una respuesta policial y judicial acorde con uno de los delitos que más vulnera los derechos humanos, ayudando a detectar y condenar estos actos.
• Cooperación entre organismos de toda la sociedad, que incluya la coordinación policial a nivel tanto nacional como internacional para capturar a los delincuentes.
• Educación y especialización de los agentes y personal encargado de investigar o de llevar a cabo cualquier tipo de acto policial o judicial dentro de los delitos de trata y explotación. Cuestiones de género, psicología, derechos humanos o victimología son disciplinas a tener en cuenta por parte de todos aquellos que colaboren en la investigación y resolución de estos delitos.

No obstante, este Plan Estratégico fue aprobado en enero de 2022, por lo que habrá que esperar hasta comienzos de 2024 para ver si se ha cumplido con estos objetivos y si realmente se han llevado a cabo medidas para prevenir y erradicar la trata y la explotación de seres humanos.